Contexto del

Sistema de Compras Públicas

Cómo funciona el Sistema de Compras Públicas

Los principales actores del sistema de compras públicas son:

  1. Dirección de Compras y Contratación Pública también conocida como “ChileCompra”: es un servicio público descentralizado, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Hacienda. Tienen como misión asesorar a los organismos públicos en la planificación y gestión de sus procesos de compra, licitar y operar los sistemas para la compra y contratación pública y mantener en operación el Registro de Contratistas y Proveedores, entre otras funciones.
  2. Proveedores: Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras que puedan proporcionar bienes y/o servicios a los organismos públicos.
  3. Organismos públicos compradores: órganos y servicios pertenecientes a la administración del Estado, salvo las empresas públicas creadas por ley.
  4. Tribunal de Contratación Pública: es un tribunal especial  sometido a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, compuesto por 3 jueces titulares y 3 jueces suplentes, que resuelven sobre la acción de impugnación contra acciones u omisiones de los organismos públicos.

Otros actores que intervienen en el sistema de compras públicas son: la Contraloría General de la República, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, y la Auditoría General de Gobierno.

El sistema está regulado por:

  • La ley No 19.886
  • Su reglamento: el Decreto Supremo Nº 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda

Junto con dictámenes de la Contraloría General, que son vinculantes para la administración. Y también

las directivas emitidas por ChileCompra, las que no son vinculantes.

También se aplican normas de Derecho Público y, en su defecto, normas de Derecho Privado.

A través de este sistema deben realizarse las adquisiciones bienes muebles o de los servicios requeridos por los organismos públicos para el desarrollo de sus funciones.

Quedan expresamente excluidos:

  • Las contrataciones de personal
  • Los convenios celebrados entre organismos públicos numerados en el artículo 2o, inciso primero, del decreto ley No 1.263, de 1975, l
  • Los contratos efectuados a través de un procedimiento específico ante un organismo internacional, asociados a créditos o aportes que éste otorgue
  • Los contratos relacionados con la compraventa o transferencia de valores negociables u  otros instrumentos financieros,
  • Los contratos relacionados con la ejecución y concesión de obras públicas
  • Los contratos que versen sobre material de guerra, o respecto de otros bienes señalados en la ley, o calificados por decreto supremo del Ministerio de Defensa Nacional.

Los distintos tipos de procedimiento de contratación son:

  1. Licitación pública: procedimiento administrativo de carácter concursal en el que se realiza un llamado público, convocando a los interesados para que, sobre bases fijadas, formulen propuestas. Se selecciona y acepta la más conveniente.
  2. Licitación privada: es un procedimiento administrativo de carácter concursal, mediante el cual la administración invita a determinadas personas para que, sobre bases fijadas, formulen propuestas. Se selecciona y acepta la más conveniente.
  3. Trato o contratación directa: es el procedimiento de contratación que por las circunstancias en las que se realiza la compra, o la naturaleza del bien a adquirir, se efectúa sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación o propuesta pública y para la privada. Es decir, se adquiere un bien o se contrata la prestación de un servicio sin un procedimiento concursal previo; adquiriendo los bienes o servicios directamente a los proveedores.  En este caso, normalmente el organismo público requerirá de acreditar tres cotizaciones distintas del producto o servicio. 
  4. Convenios Marco: ChileCompra crea catálogos electrónicos de productos o servicios altamente demandados por los organismos de la administración del Estado. Para formar parte de dichos catálogos, los proveedores deben ser seleccionados en un procedimiento de licitación pública. Así, para adquirir un producto el organismo no tiene que realizar una licitación pública, sino que con una ord

Desde el llamado a presentar ofertas hasta la adjudicación, todo el proceso de compra deberá realizarse a través del Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas.

En este sistema debe quedar registro público de la información básica relativa a las contrataciones:

  • Llamados a presentar ofertas
  • Recepción de las mismas
  • Aclaraciones, respuestas y modificaciones a las bases de licitación
  • Resultados del procedimiento de contratación
  • Antecedentes del proveedor adjudicado

Según datos de ChileCompra, se tramitaron en este sistema en 2019, 2.271.438 órdenes de compra, con la participación de aproximadamente 112.000 proveedores, siendo el 96% de ellos, microempresas. Estas órdenes de compra fueron emitidas por 850 organismos públicos compradores, por un monto total de US$ 11.500 millones de dólares, es decir, alrededor de un 15% del gasto público aprobado por la Ley de Presupuestos para el Sector Público, correspondiente al año 2020.

 

Si se analizan los montos transados en relación al tamaño de las empresas proveedoras, el 55% del total de transacciones fue realizado por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, y sólo un 45% por grandes empresas.

 

Respecto de los rubros con mayores transacciones, el 13% de los montos transados en el sistema correspondió a servicios de construcción y mantenimiento, un 9% a medicamentos y productos farmacéuticos, un 7% a equipamiento y servicios médicos, un 5% en salud, servicios sanitarios y alimentación, y un 4% a servicios profesionales, administrativos, consultorías y gestión empresarial.

Más información en Datos abiertos de ChileCompra.

Contexto de la nueva ley de Compras Públicas

  • Porque la sociedad y el mercado han evolucionado con rapidez
  • Lo que se traduce en contar con mayores estándares de transparencia y probidad en la actividad pública
  • Se requiere además una mayor eficiencia en el uso de los recursos de todos los chilenos

Cronología:

  • En 2013, ChileCompra convocó a una Comisión de Perfeccionamiento del Sistema de Compras públicas.
  • Luego, el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, discutió el tema, e incluyó en su informe 15 propuestas de modificación al Sistema de Compras Públicas.
  • Meses después, ChileCompra convocó a una Mesa de Trabajo para la Modificación de la Ley No 19.886 a profesores de derecho administrativo, junto con profesionales de la Contraloría General de la República y el Tribunal de Contratación Pública.
  • En junio de 2018, la Mesa de Trabajo Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), presentó al Gobierno 8 propuestas.
  • Por último, en el Congreso Nacional, diversos parlamentarios han presentado también proyectos de ley con el objetivo de mejorar el sistema de compras.

Parte de las nuevas propuestas de esta ley apuntan a la eficiencia en el uso y reciclaje de recursos muebles por parte de la administración del Estado.

El objetivo de aportar a la disminución de las emisiones anuales de carbono en Chile, que desde 1990 hasta la fecha han aumentado en un 300%.

La nueva ley apunta a aprovechar la posibilidad de que, en caso que un determinado bien mueble no vaya ser usado por un organismo de la administración, pueda ser utilizado por otro que sí lo requiera, dando una mayor vida útil a los bienes públicos.

En los procedimientos de compra vigentes no existen modalidades de compra que necesariamente favorezcan la innovación y el desarrollo tecnológico. Los formatos actuales parten de la premisa que el Estado conoce la mejor solución para satisfacer una necesidad pública, cuando no necesariamente siempre es así.

Por eso, y siguiendo a lo señalado por el Consejo de Contratación Pública de la OECD, sin descuidar los objetivos de eficiencia y transparencia, los sistemas de compras públicas bien diseñados pueden contribuir al logro de otros objetivos de política pública, tales como la promoción de la innovación y la protección del medio ambiente.

El escenario económico y social que surge como consecuencia de la pandemia por la enfermedad por COVD-19, acelera la necesidad de contribuir a la eficiencia en el uso de los recursos del Estado. El objetivo apunta a disponer estos recursos en el menor tiempo posible apoyando a quienes más lo necesitan.

En esa línea, y con la intención de apoyar a las PyMES, el Gobierno ha tomado medidas tales como:

  • La suspensión de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM)
  • La rebaja del impuesto de primera categoría para las PyMES, y
  • La implementación de la Compra Ágil en el Sistema de Compras Públicas